VENTANA INTERCULTURAL
Actualidad... los miedos de los medios
La SIP corre en auxilio de sus socios argentinos
APM
En marzo del año pasado, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su cumbre en Caracas, escribimos que, fiel a su estilo invariable desde que fuera creada a iniciativa de central estadounidense de inteligencia (CIA), esa entidad iba a convertir su cita en una provocación contra Venezuela, Ecuador y el conjunto de países de la región que intentan recortarle el poder a los oligopolios mediáticos.
Varios meses antes, la SIP preanunciaba en un informe lo que decidiría en la reunión caraqueña. Respecto de Venezuela, la SIP decía “la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el gobierno intenta suprimir definitivamente”.
Al referirse a Ecuador sentenciaba que “el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director del diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes”.
En su campaña desinformativa –especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas, y ahora sostiene a la de Honduras- la entidad criticaba que el presidente Correa hubiese decidido entonces llevar a la justicia “a los medios que atenten contra la verdad”.
Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente ecuatoriano no hacía otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras.
Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de las grandes corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizadas manos.
Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicado sus concepciones de “guerras mediáticas” contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia (y ahora Argentina) por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de Argentina (de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP) en www.pecyp.com.ar.
La SIP también acometía contra Brasil. Decía: “hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos y medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución”.
Por supuesto que esas imputaciones no tenían apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.
Este año la entidad patronal de medios y cautiva de la CIA enderezó sus cañones especialmente contra Argentina, tras haber sido aprobada aquí, hace pocas semanas, una de las leyes regulatorias del espacio radioeléctrico más democráticas de la actualidad.
En ocasión del informe que acabamos de recordar la SIP llegaba a criticar al ex presidente Néstor Kirchner porque durante su mandato no ofrecía conferencias de prensa, desconociendo que ningún texto sobre periodismo profesional, ni muchos menos legislación alguna, obligan a un jefe de Estado a adoptar tal o cual modalidad para relacionarse con la prensa.
Las “preocupaciones” de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.
Por eso, entre el 6 y el 11 de noviembre próximo 800 propietarios de empresas periodísticas de las tres regiones de América se reunirán en Buenos Aires, para apoyar a los oligopolios locales y criticar al gobierno argentino, debido a la promulgación de la nueva ley de medios audiovisuales, que le pone fin a los abusos de las corporaciones. Por supuesto, el discurso de la SIP se enmascara detrás del reclamo de “libertad de expresión”.
El diario La Nación, de Buenos Aires, –histórico militante de la SIP y defensor de cuanta dictadura soportó este país- informó días pasado: “en un escenario marcado por la creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, la SIP, cuya presidencia anual está a cargo del editor colombiano Enrique Santos, del diario El Tiempo, de Bogotá, realizará en noviembre su 65 asamblea general en Buenos Aires”. El comité receptor del encuentro es presidido, justamente, por el director de La Nación.
Se hará presente buena parte de la plana mayor de sistema de poder que sostiene a los grandes monopolios transnacionales (no sólo mediáticos), como del designado subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, Arturo Valenzuela; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno; la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Caroline Alkinson; el presidente de la división global de Google para nuevos desarrollos y negocios, Alberto Nikesh, y los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Por supuesto, periodistas “sobresalientes” de los grandes medios locales no perderán la oportunidad de rendirle pleitesía a sus patrones. Allí estarán Nelson Castro, Julio Blank, María O´Donnell, el secretario general de redacción de La Nación, Héctor D´Amico, y el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum. También figurarán Magdalena Ruiz Guiñazú y los columnistas políticos Joaquín Morales Solá (La Nación) y Eduardo Van der Kooy (Clarín).
Además, se anunció el patrocinio de empresas, empresarios y cámaras patronales, como Techint, Banco Galicia, Dell, Papel Prensa y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entre otras. Como se ve, un sector relevante de la familia opositora al derecho a una información democrática acompañará a la SIP.
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En marzo del año pasado, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su cumbre en Caracas, escribimos que, fiel a su estilo invariable desde que fuera creada a iniciativa de central estadounidense de inteligencia (CIA), esa entidad iba a convertir su cita en una provocación contra Venezuela, Ecuador y el conjunto de países de la región que intentan recortarle el poder a los oligopolios mediáticos.
Varios meses antes, la SIP preanunciaba en un informe lo que decidiría en la reunión caraqueña. Respecto de Venezuela, la SIP decía “la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el gobierno intenta suprimir definitivamente”.
Al referirse a Ecuador sentenciaba que “el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director del diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes”.
En su campaña desinformativa –especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas, y ahora sostiene a la de Honduras- la entidad criticaba que el presidente Correa hubiese decidido entonces llevar a la justicia “a los medios que atenten contra la verdad”.
Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente ecuatoriano no hacía otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras.
Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de las grandes corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizadas manos.
Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicado sus concepciones de “guerras mediáticas” contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia (y ahora Argentina) por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de Argentina (de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP) en www.pecyp.com.ar.
La SIP también acometía contra Brasil. Decía: “hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos y medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución”.
Por supuesto que esas imputaciones no tenían apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.
Este año la entidad patronal de medios y cautiva de la CIA enderezó sus cañones especialmente contra Argentina, tras haber sido aprobada aquí, hace pocas semanas, una de las leyes regulatorias del espacio radioeléctrico más democráticas de la actualidad.
En ocasión del informe que acabamos de recordar la SIP llegaba a criticar al ex presidente Néstor Kirchner porque durante su mandato no ofrecía conferencias de prensa, desconociendo que ningún texto sobre periodismo profesional, ni muchos menos legislación alguna, obligan a un jefe de Estado a adoptar tal o cual modalidad para relacionarse con la prensa.
Las “preocupaciones” de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.
Por eso, entre el 6 y el 11 de noviembre próximo 800 propietarios de empresas periodísticas de las tres regiones de América se reunirán en Buenos Aires, para apoyar a los oligopolios locales y criticar al gobierno argentino, debido a la promulgación de la nueva ley de medios audiovisuales, que le pone fin a los abusos de las corporaciones. Por supuesto, el discurso de la SIP se enmascara detrás del reclamo de “libertad de expresión”.
El diario La Nación, de Buenos Aires, –histórico militante de la SIP y defensor de cuanta dictadura soportó este país- informó días pasado: “en un escenario marcado por la creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, la SIP, cuya presidencia anual está a cargo del editor colombiano Enrique Santos, del diario El Tiempo, de Bogotá, realizará en noviembre su 65 asamblea general en Buenos Aires”. El comité receptor del encuentro es presidido, justamente, por el director de La Nación.
Se hará presente buena parte de la plana mayor de sistema de poder que sostiene a los grandes monopolios transnacionales (no sólo mediáticos), como del designado subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, Arturo Valenzuela; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno; la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Caroline Alkinson; el presidente de la división global de Google para nuevos desarrollos y negocios, Alberto Nikesh, y los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Por supuesto, periodistas “sobresalientes” de los grandes medios locales no perderán la oportunidad de rendirle pleitesía a sus patrones. Allí estarán Nelson Castro, Julio Blank, María O´Donnell, el secretario general de redacción de La Nación, Héctor D´Amico, y el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum. También figurarán Magdalena Ruiz Guiñazú y los columnistas políticos Joaquín Morales Solá (La Nación) y Eduardo Van der Kooy (Clarín).
Además, se anunció el patrocinio de empresas, empresarios y cámaras patronales, como Techint, Banco Galicia, Dell, Papel Prensa y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entre otras. Como se ve, un sector relevante de la familia opositora al derecho a una información democrática acompañará a la SIP.
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